No atiende a comunidades afectadas por derrame tóxico: ediles
Doce días después del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, proveniente de la mina Buenavista del Cobre, los alcaldes de tres de los siete municipios afectados señalaron que Grupo México ‘‘miente en torno a la supuesta atención que brinda a las comunidades’’, y reportan que se presentaron los primeros casos de afectaciones en personas (quemaduras luego de tener contacto con el agua) y la muerte de algunos animales.
No obstante, las autoridades estatales y federales de protección civil, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), adelantaron que el próximo lunes se podría levantar la emergencia en esa región, donde 22 mil habitantes de los municipios de Banamichi, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe, Arizpe y la zona rural de Hermosillo resultaron perjudicados.
Los alcaldes de Aconchi, Pedro Armando Lugo López; de Arizpe, Vidal Vázquez Chacón, y Banamichi, Jesús Lauro Escalante, denunciaron que el pasado fin de semana ‘‘volvió a correr la contaminación’’ en el río Sonora debido a que creció el caudal y se llevó los sedimentos que la minera, con sede en Cananea, no remedió en el entorno.
Vidal Vázquez aseguró que se produjo un nueva coloración del río entre amarillenta y rojiza, por lo que los lugareños alertaron a Protección Civil estatal, cuyos funcionarios precisaron que no se trataba de un nuevo derrame, sino que por las lluvias se dio una crecida del río que arrastró los contaminantes que quedaron en las márgenes.
Los tres munícipes denunciaron por separado que Grupo México, que encabeza Germán Larrea, no está llevando el agua a las poblaciones damnificadas, las cuales no pueden utilizar la del río o de los pozos. Lugo López dijo que la minera ‘‘ha dicho muchas mentiras’’, pues es falso que haya suficientes plantas potabilizadoras en la región, ni ha apoyado en la habilitación de pozos, como ha asegurado en sus comunicados.
Vázquez Chacón, a su vez, señaló que el derrame ocasionó la muerte de animales y peces pequeños. Agregó que hace unos días murieron tres caballos, por lo que ya se realizan análisis a los restos de los equinos para determinar lo que les provocó la muerte.
Los tres alcaldes agradecieron el apoyo brindado por los gobiernos estatal y federal. Sin embargo, Jesús Lauro Escalante destacó que en Banamichi no se cuenta aún con el agua suficiente para uso doméstico. ‘‘Estamos repartiendo puro garrafón que nos han dado empresarios de distintas partes; la mina no está cumpliendo muy bien con lo que nos debe ayudar’’, se quejó.
Este martes, el grupo Desastre Ecológico en el río Sonora publicó en Facebook fotografías de personas que resultaron con quemaduras luego de tener contacto con el agua, después de que Grupo México afirmó que el líquido estaba en buenas condiciones. Integrantes de dicho grupo manifestaron que el gobierno federal ‘‘no está actuando con la fuerza que amerita el desastre ecológico’’, que amenaza el futuro de toda la cuenca.
En tanto, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, y el gobernador Guillermo Padrés encabezaron la noche del lunes una conferencia de prensa en la que aseguraron que están bajando los niveles de contaminación en el río Sonora y esperan que pronto se pueda levantar la alerta.
Puente adelantó que el próximo viernes se darían a conocer los nuevos resultados del monitoreo del agua del río realizados por una empresa con sede en el Distrito Federal, otra de Hermosillo y la Conagua. En caso de que los resultados coincidan en que los niveles de metales pesados están por debajo de la norma permitida, se levantaría la alerta.
‘‘El río está contaminado, está enfermo, se requiere para dar de alta a un enfermo que los análisis de laboratorio determinen que la salud está en buenas condiciones’’ comentó Luis Felipe Puente. ‘‘Los pozos no están contaminados, está contaminado el río; los pozos fueron salvados una vez que el protocolo de la Conagua determinó que cerraran de inmediato la extracción’’, sostuvo el funcionario.
- La lluvia no fue culpable: Guerra.
La restricción de agua en ríos Bacanuchi y Sonora abarca 250 km
La restricción del uso de agua de los ríos Bacanuchi y Sonora, que se decretó por el derrame de sulfato de cobre acidulado en la mina de Cananea, se mantendrá en una extensión de 250 kilómetros hasta que exista el aval de los laboratorios que realizan los análisis de calidad del líquido, cuyos resultados se conocerán el viernes próximo, señaló el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, dijo que la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, operadora de la mina, ‘‘mintió’’ sobre el derrame de las aguas con metales pesados y ácido sulfúrico, ya que dijo que había ocurrido por exceso de lluvias, ‘‘lo cual es totalmente falso’’, y después ‘‘nos dijeron que iba a haber una serie de ayudas y apoyos a la población, lo cual tampoco se dio’’.
Dijo que ya se pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que inicie una revisión de todos los permisos que debe tener la empresa para la operación de la mina, ‘‘para ver si han cometido otro tipo de violaciones’’.
Korenfeld y Guerra acudieron a Sonora para atender la emergencia ambiental el 12 de agosto, cinco días después de que ésta ocurrió. Guerra explicó que ‘‘no era indispensable que estuviéramos ahí (…), llegamos cuando teníamos que ir’’. Apuntó que las delegaciones de la dependencia estuvieron ahí, ‘‘no tiene que estar físicamente ni el procurador, ni el titular de Conagua, ni el secretario (de Semarnat) para que nuestras delegaciones actúen’’.
Explicó que hay varios ejercicios jurídicos que se siguen. Entre ellos están que a la operadora de la mina de Cananea, de acuerdo con la Ley de Gestión de Residuos, se le puede imponer una multa que sería de alrededor de 3 millones de pesos. La Ley de Aguas Nacionales establece una sanción de 2 millones, y ‘‘estrenaríamos la Ley de Responsabilidad Ambiental, con la cual se podría sancionar con 40 millones de pesos’’, apuntó.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) ya tendría que iniciar las acciones pertinentes, luego de que la Profepa presentó el pasado lunes una denuncia penal en contra de Minera México, añadió Guerra Abud en conferencia de prensa en la que se habló del ‘‘beneficio ambiental’’ de la reforma energética.
Precisó que la clausura de la mina se podría hacer si la empresa cometiera violaciones suficientes para ello: ‘‘No puede ser que clausuremos nada más así, la revisamos punto por punto para garantizar que la decisión que se tome sea apegada a derecho’’.
Por su parte, Korenfeld explicó que además de las sanciones administrativas por primera vez en la historia se solicitará a una empresa, en este caso a la minera, que durante los próximos cinco años presente a la Conagua monitoreos de la calidad del agua de los ríos cada dos semanas, independientemente de la reparación del daño.
Las pruebas de la presa El Molinito, la última estación antes de Hermosillo, indican que los niveles están dentro de la norma, agregó. Se harán las mismas pruebas desde el sitio de origen de la contaminación hasta esta presa, que es el punto más lejano. Los trabajos los realizarán dos laboratorios certificados para cruzar los resultados; cuando ambos establezcan que todos los parámetros están dentro de la norma se irán liberando parcialmente los tramos del río, puntualizó.
Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SG), aseguró que la Profepa apoyará las acciones legales en contra de la empresa propiedad de Grupo México, responsable de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi. En tanto, autoridades de la Conagua informaron que los niveles de contaminación han disminuido, pero se seguirán realizando análisis hasta que se pueda levantar la contingencia en la zona.
En los municipios afectados por el derrame de ácido sulfúrico y cobre, Puente se reunió con pobladores de los municipio de Ures, Baviácora y Ramos Arizpe, a los cuales reiteró el interés del presidente Enrique Peña Nieto en que el problema se solucione pronto.
- Senadores demandan cubrir daños por derrames.
Senadores de PAN y PRD consideraron que Grupo México y su filial Buenavista del Cobre deben resarcir los daños provocados a la población por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi, en Cananea, Sonora, y también deben cubrir afectaciones provocadas en Durango.
En entrevistas por separado, los senadores Francisco Búrquez y Octavio Pedroza, ambos del PAN, y el perredista Fernando Mayans, coincidieron en que ‘‘ese grupo empresarial debe cubrir el pago por las reses muertas, por las tierras de cultivo contaminadas, por el daño ocasionado a la pesca, al ambiente y, si las hubiera, también cubrir las afectaciones a bienes de campesinos y ejidatarios’’.
Mayans destacó: ‘‘Se trata de una afectación permanente, no se va a solucionar en un par de años, es un daño severo y la empresa minera debe hacerse responsable. Se habla de que la podrían sancionarla hasta con 40 millones de pesos, pero ese dinero no alcanzará para resarcir los daños ambientales, es totalmente insuficiente, y no va a alcanzar para realizar los trabajos que deban hacerse’’.
- Grupo México "da migajas"
Además, dijo, esa empresa, que tiene un gran negocio ‘‘y sólo da migajas al pueblo, debe cubrir los daños a los campesinos, a sus propiedades y a sus animales’’.
A su vez, el panista Búrquez resaltó que es lamentable que haya ocurrido este hecho. ‘‘Se están evaluando las posibles consecuencias y determinar cuáles son las causas del incidente; entiendo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya procedió con una denuncia penal por negligencia, que seguro la hubo en este derrame’’.
De igual forma, el legislador del Partido Acción Nacional apuntó que ‘‘deben cubrir a los afectados los daños y perjuicios ocasionados, incluyendo sus costos de oportunidad’’.
Por su parte, el también senador panista Pedroza manifestó que en las sanciones que se apliquen a la empresa Grupo México se debe ir hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias. Independientemente de la sanción que se le aplique, la empresa deberá resarcir los daños a la población, y aquí también una vez más se pone de manifiesto la poca atención que ponen a las supervisiones las autoridades respectivas, porque ‘‘no hubo una adecuada supervisión, ya que de haberla habido se hubiera prevenido este tipo de accidentes’’.
- Paralizadas, las actividades de 22 mil pobladores en siete municipios de Sonora.
Mañana se cumplen dos semanas de la contingencia por contaminación de ríos
Prohibido, consumo y utilización de agua para actividades productivas; más de 5 mil alumnos de 90 escuelas de las áreas afectadas retrasaron el inicio del ciclo escolar
El turismo, en crisis
El próximo jueves, 22 mil pobladores de siete municipios del estado de Sonora cunplirán dos semanas en contingencia a causa de la contaminación generada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la compañía minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Dado que el río está contaminado, los pobladores tienen prohibido el consumo y utilización de agua para actividades productivas. La situación llevó a que más de 5 mil 800 estudiantes de 90 escuelas ubicadas en las áreas afectadas retrasaran por al menos una semana el inicio del ciclo escolar, que empezó en todo el país el pasado lunes.
Las actividades también se encuentran paralizadas en los hoteles, que reportan baja de visitantes de 100 por ciento, de acuerdo con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) del Río Sonora. ‘‘Está bastante fea la situación. No hay afluencia de turistas y actualmente nos está suministrando el agua la misma empresa minera que afectó el río’’, dijo vía telefónica una empleada del hotel La Posada del Río Sonora, del municipio de Banamichi.
El derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico almacenado a los ríos Bacanuchi y Sonora se produjo el pasado 7 de agosto debido a intensas lluvias que cayeron en la zona. La contingencia ambiental afecta a los municipios de Cananea, Arizpe, Banamichi, Baviácora, Aconchi y Ures.
A causa de este hecho, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó a la empresa, perteneciente al conglomerado minero Grupo México, uno de los principales productores de cobre en el mundo, aplicar un ‘‘plan de remediación total’’ a los daños causados por el derrame.
Asimismo, la Profepa presentó el pasado lunes una denuncia penal en contra de Buena Vista del Cobre y Minera México, por delitos contra el ambiente, lo que se castiga en México con penas que van hasta los nueve años de prisión y una multa que podría alcanzar 40 millones de pesos.
En esta situación, la escasez del suministro del agua también ha hecho incrementar el valor del líquido en la región afectada por el derrame contaminante, donde un garrafón se cobra en la actualidad hasta cuatro veces más de lo que generalmente cuesta.
‘‘Hay crisis de agua para beber y sicosis en la región debido a la desazón sobre lo que vaya a pasar si los estudios de los pozos salen mal’’, dijo a la prensa sonorense el director de la OCV, Guillermo Molina Paz.
‘‘La gente tenía confianza de convivir con la naturaleza, bañarse en el río y tomar agua de la llave desde los pozos, pero con esta contingencia tenemos un desplome de la actividad turística de ciento por ciento’’, declaró.
Molina también indicó que la contaminación además ha causado crisis en los riegos a los cultivos y está afectando incluso a los productores de leche. ‘‘No la pueden comercializar porque hay una campaña en Hermosillo de no consumir la leche ni queso procedente de la sierra’’, señaló.
Por su parte, autoridades federales confían en que el próximo viernes 22 de agosto se pueda levantar la contingencia ambiental en Sonora, estado limítrofe con Estados Unidos.
‘‘El hecho de que nos haya llovido ha sido magnífico, porque la corriente ha venido descendiendo y ha venido limpiando todo el caudal del río; eso ha disminuido (la contaminación)’’, informó este lunes el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, tras una reunión de evaluación que sostuvo con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
Al lamentar que Protección Civil no haya declarado zona de emergencia a la región del río Sonora, porque se trata de un desastre ecológico provocado por la mano del hombre y no de un desastre natural, Padrés dijo que, sin embargo, ‘‘estado y Federación tomarán todas las medidas conjuntas para apoyar a los ciudadanos’’.
Para organizaciones no gubernamentales, como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la demanda interpuesta contra Grupo México no es suficiente y en consecuencia exigieron ‘‘el cierre inmediato de la planta Buenavista, por irresponsable’’.
- Congeladas desde hace 7 años, las demandas de mineros de Cananea.
Trabajadores en huelga anuncian toma pacífica de las instalaciones
Trabajadores de la sección 65 del sindicato minero, pertenecientes a Cananea, señalaron que tras siete años de resistencia se mantienen ‘‘congeladas’’ en tribunales sus demandas contra Mexicana de Cananea, de Grupo México. Ratificaron que en busca de una solución integral a esta problemática, la madrugada de este miércoles 20 de agosto realizarán la toma pacífica de la empresa.
Explicaron que la ocupación de las instalaciones de la mina es una acción tendiente a buscar un acercamiento con el gobierno federal, en particular con la Secretaría de Gobernación (SG), para plantearle la posición de los trabajadores en este conflicto y propiciar que se siente a la empresa a negociar una salida a este problema que los mantiene sin trabajar.
‘‘Queremos que nos escuche este gobierno y pongamos en la mesa cada uno de los puntos del por qué nos fuimos a la huelga, ya que desgraciadamente en los tribunales federales no avanzan las demandas’’ y se ha llevado el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), según explicó Heriberto Verdugo, delegado del comité ejecutivo nacional del sindicato minero a nivel regional y del estado de Sonora.
Recordó que hace siete años, más de mil trabajadores de Mexicana de Cananea se fueron a huelga por falta de seguridad en esta mina, luego de la muerte de muchos trabajadores ‘‘terciarios’’. Ahora, con el reciente derrame de químicos que se provocó, afectando a 48 poblaciones de la región, ‘‘vemos que la razón nos asiste’’.
Sin embargo, dijo, la empresa, ‘‘en una maniobra legaloide’’, obtuvo el desconocimiento de la huelga, y en una acción en la que participaron militares, fuerzas federales, estatales y municipales recuperó las instalaciones supuestamente ‘‘despidiendo’’ a todos los trabajadores.
Esta sección minera interpuso un amparo laboral, el cual ‘‘no ha avanzado en lo mínimo’’, está ‘‘congelado’’. A los trabajadores, dijo el organismo sindical, además de que les quitaron el empleo también los dejaron sin asistencia médica y continúan reprimidos; asimismo, sus familiares son impedidos de entrar a laborar a la empresa.
Por su parte, la organización Familia Pasta de Conchos señaló ayer que se ratifica la condición de Grupo México como ‘‘empresa socialmente irresponsable’’, porque además de que se mantiene ‘‘impune’’ el siniestro en el que perdieron la vida 65 mineros en Pasta de Conchos, ahora la empresa puso en riego la vida no sólo de sus trabajadores, sino de 22 mil habitantes de unas 48 comunidades de siete municipios de Sonora, entre ellos San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.
Lo anterior, debido al derrame del 8 de agosto, luego de que su complejo Buenavista del Cobre, en Cananea, vertió negligentemente al río Sonora al menos 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y metales pesados dañinos, confirmando su característica de ‘‘socialmente irresponsable, al afectar no sólo la vida humana, sino la agricultura, ganadería y turismo’’ de la región.
Esta organización demanda que el Estado mexicano no proteja más a Grupo México y determine el rescate de los restos de los 63 mineros que aún yacen en Pasta de Conchos.
(Ulises Gutiérrez Ruelas, Angélica Enciso, Víctor Ballinas, DPA, Patricia Muñoz Ríos, La Jornada)